Jubilados porteños ya tienen ley de subte gratuito: la clave es el DNI en el molinete

El dato es oficial y parte de la Legislatura porteña: jubilados y pensionados con domicilio acreditado en la Ciudad de Buenos Aires y haberes previsionales de hasta 2,5 jubilaciones mínimas podrán viajar en subte sin pagar boleto, sin tarjeta especial y sin límite de horario, tras la sanción de la ley que se conoció en las últimas horas. La fuente es el texto normativo difundido por el Gobierno de la Ciudad, que también confirmó que el sistema se activará apoyando el documento nacional de identidad en el molinete habilitado, una vez completado el trámite de alta.

La iniciativa, según se desprende del material oficial, busca simplificar un beneficio que hasta ahora requería la gestión de una credencial específica y que en versiones previas contemplaba restricciones horarias. Con el nuevo esquema, una vez que el beneficiario figure en el registro, el acceso se valida mediante el DNI en cualquier molinete de la red, todos los días y durante todo el horario de servicio. Esta universalización representa un cambio operativo concreto para los usuarios que utilizan la red en horarios no habituales: turnos médicos tempranos, trámites fuera de hora o traslados nocturnos ya no quedarán fuera del beneficio.

Quiénes están alcanzados por la norma

• Jubilados y pensionados con residencia acreditada en la Ciudad de Buenos Aires.
• Personas que perciban hasta 2,5 haberes mínimos previsionales.
• Retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que vivan en la Ciudad y cumplan el mismo tope de ingresos.
• Beneficiarios cuya habilitación tendrá una vigencia de cinco años, con renovación posible si se mantienen las condiciones de residencia e ingresos.

En lo que hace a la documentación, el Ejecutivo porteño adelantó que los requisitos serán acotados: documento nacional de identidad, comprobante de domicilio en jurisdicción porteña y constancia que acredite el nivel de ingresos previsionales. Vamos a los números: con esos tres elementos, la administración completará el registro del beneficiario en el sistema y habilitará el acceso. Las sedes comunales serán las ventanillas de atención previstas para el trámite de alta, lo que descentraliza la gestión y la acerca al barrio de cada vecino.

En lo administrativo, la sanción de la ley es el primer paso, pero la puesta en marcha depende de la reglamentación, que tiene un plazo máximo de 60 días para completarse. Ese proceso definirá los puntos de validación, la operatoria técnica en cada estación y la fecha exacta desde la que el beneficio estará efectivamente disponible para ser utilizado. Darío Almirón, Economía y comercio, señala que la variable clave a observar el mes que viene es la publicación del decreto reglamentario: hasta que ese instrumento no se conozca, los potenciales beneficiarios no podrán completar el alta ni acreditar el DNI en los molinetes, lo que mantiene la gratuidad como una promesa vigente pero todavía no operativa en la red.