Jujuy: un juicio oral sin cuerpos y con ADN como prueba central contra el principal acusado de cinco desapariciones

La audiencia de Juicio Oral y Público contra Matías Jurado (38) quedó formalmente convocada en la Sala de Audiencias del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Jujuy, en la apertura de la feria judicial de julio. El caso, seguido de cerca por la prensa local, reúne a la fiscal Daiana Susana Antar, a los defensores oficiales Roberto Savio y Juan Pablo Cametti, y al equipo técnico del Ministerio Público de la Acusación, en un expediente que lleva tres años de instrucción y que ahora toma el camino del debate público.

La cronología de las investigaciones

La causa tiene su punto de partida el 26 de julio de 2025, cuando Jorge Omar Anachuri (68) salió de su domicilio en Palpalá y nunca regresó. Seis días después, la Policía allanó la vivienda de Jurado en Alto Comedero, tras tareas de campo y escuchas telefónicas que situaron al sospechoso como última persona en compañía del jubilado. La detención del sospechoso se concretó el 1 de agosto de 2025, en el mismo barrio, y desde entonces permanece alojado en el pabellón de máxima peligrosidad del Penal de Gorriti.

Para la fiscalía, la prueba más sólida es una filmación captada por una cámara de seguridad que muestra a Anachuri subiendo a un remis conducido por el propio Jurado. En paralelo, los peritos de Criminalística de la Policía de Jujuy y de Gendarmería Nacional levantaron en el domicilio del acusado 56 indicios materiales, de los cuales 42 muestras fueron derivadas al Laboratorio de Genética Forense del NOA, donde se practicaron cotejos de ADN que la acusación vincula con las cinco víctimas.

Las víctimas y el escenario de los hechos

• Jorge Omar Anachuri, de 68 años, desaparecido el 26 de julio de 2025.
• Sergio Alejandro Sosa, de 25 años, cuya desaparición también se investiga en el expediente.
• Miguel Ángel Quispe, de 60 años, en situación de calle según consta en la instrucción.
• Juan José Ponce, de 51 años, desaparecido en fecha previa al inicio de la pesquisa principal.
• Juan Carlos González, de 60 años, incorporado a la causa tras los allanamientos y pericias genéticas.

Según el expediente, todos los hombres eran conocidos entre sí y mantenían algún tipo de vínculo con Jurado; todos atravesaban situaciones de vulnerabilidad social y económica, lo que, para la fiscalía, explica la demora en la radicación de las denuncias y la escasa visibilidad inicial de los hechos. Ninguno de los cuerpos fue encontrado pese a los múltiples rastrillajes realizados con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense, una ausencia que se convirtió en el eje de la estrategia de la defensa.

La prueba pericial y los indicios

Entre los elementos secuestrados en la vivienda se contabilizan restos óseos fragmentados, varias armas blancas con manchas visibles, manchas parduscas reveladas con el reactivo Blue Star Forensic sobre distintas superficies, una vaina servida y prendas de ropa con rastros hemáticos. La cadena de custodia fue documentada por escrito y firmada en sede judicial por los peritos intervinientes, y los informes técnicos adjuntaron planos y registro audiovisual del procedimiento.

La estrategia de la defensa y los antecedentes psiquiátricos

La defensa oficial anticipó que el debate girará en torno a dos ejes principales: la ausencia de cuerpos, que impide la reconstrucción pericial directa de las muertes, y los antecedentes psiquiátricos del acusado, que a su criterio comprometen la imputabilidad. De acuerdo con la documentación clínica incorporada al expediente, en 2016 Jurado fue internado en un hospital psiquiátrico y medicado con clonazepam y risperidona; en 2019 un equipo de salud mental le indicó un tratamiento que nunca cumplió, y en enero de 2020 quedó registrado en su historia clínica que padecía un cuadro psicótico, careciendo de conciencia de la enfermedad.

En el Penal de Gorriti, el acusado asiste a talleres de lectoescritura porque hasta su detención solo sabía firmar su nombre. Esa formación, registrada en los informes penitenciarios, fue valorada por los profesionales forenses que lo evaluaron para determinar si corresponde o no la aplicación del artículo 34 del Código Penal sobre inimputabilidad, aspecto que el tribunal deberá resolver durante el debate.

Próxima fecha judicial

El tribunal colegiado integrado por las juezas Felisa Barrios y Ana Carolina Pérez Rojas y el juez Roberto Assef tiene previsto recibir la causa en febrero o marzo de 2027, cuando se sortearán las fechas de las audiencias orales. Hasta entonces, la defensa podrá ampliar la prueba pericial psiquiátrica y la fiscalía incorporar nuevos informes del Laboratorio de Genética Forense del NOA.