Salud mental en llamas: las internaciones se disparan 42% en tres años y las provincias dicen que ya no dan abasto

Me crucé a Ernesto en la costanera, mientras tomábamos mate frente al río, y me dijo algo que se me quedó dando vueltas: "Mirá, yo a mi hija la llevo al hospital público porque nos quedamos sin prepaga, y conseguir un turno con salud mental es una odisea". Esa frase, bajada a la calle, es exactamente lo que reflejan los números que llegaron esta semana al Congreso: las consultas ambulatorias por problemas de salud mental crecieron 23% en el último año en la Argentina, y las internaciones se dispararon 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12% solo en los últimos doce meses.

Un mapa federal de la crisis

El dato no sale de una encuesta ni de un relevamiento chico: lo coordinó la Universidad Nacional de Lanús, a partir de información que aportaron las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias. Son Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, que en conjunto representan más del 70% de la población del país. También se sentaron en la mesa Entre Ríos y Río Negro. Es, en la práctica, una foto de casi todo el territorio.

El cuadro que se arma es preocupante. Creció fuerte la demanda de atención de chicas, chicos y adolescentes, y se multiplicó la de personas que perdieron cobertura de obras sociales o prepagas y terminaron recalando en el sistema público. En la provincia de Buenos Aires, el dato es casi un campanazo: el 30% de las consultas en las guardias hospitalarias ya corresponde a problemas de salud mental. Eso reconfigura, de raíz, lo que significa ir a una guardia en el conurbano o en La Plata.

Más camas, pero equipos desbordados

Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales. Trece de las 14 provincias ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos específicos para el abordaje de consumos problemáticos. A primera vista, parece una buena noticia. El problema es que las propias autoridades provinciales reconocen que esas capacidades están sobreexigidas frente a una demanda que no cesa, y que hay dificultades serias para completar los equipos con disciplinas críticas. Es decir: se construyó infraestructura, pero cuesta llenarla de profesionales.

• Aumentar la inversión en salud mental, con partidas claras y sostenidas.
• Ampliar la infraestructura y los recursos humanos, sobre todo en disciplinas que están vacantes.
• Garantizar el acceso a medicamentos, especialmente para los pacientes sin cobertura.
• Producir información epidemiológica nacional de calidad, algo que hoy es una deuda.
• Recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios.

El debate en el Senado

El informe aterrizó en el Senado en el peor momento posible: justo cuando el Congreso debate una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010. Las autoridades provinciales plantearon, sin medias tintas, que la propuesta "elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos". Es un tirón de orejas al proyecto, en el momento más sensible del trámite legislativo.

Cuando vuelvo a la plaza y pienso en lo que me contó Ernesto, pienso también en lo que piden las provincias. No es un reclamo abstracto ni una pelea de escritorio: detrás del 42% de suba en internaciones hay gente esperando un turno, familias que pagan un psicofármago de su bolsillo y profesionales que se queman. Por eso el pedido al Municipio, a la Provincia y a la Nación es concreto: que la nueva ley no retroceda en derechos y que venga, de una vez por todas, con presupuesto. La salud mental no puede seguir siendo la hermana pobre del sistema sanitario.