El Gobierno prorrogó hasta 2027 el régimen que permite a los rurales temporarios conservar sus planes sociales al empleo registrado

Alrededor de 50.000 trabajadores rurales temporarios y unos 83.000 hijos de aportantes podrán mantener, hasta el 1 de septiembre de 2027, la compatibilidad entre un empleo registrado en el sector agropecuario y los planes sociales que perciben durante el resto del año, según lo dispuesto por el Decreto 1204/2026 publicado esta semana en el Boletín Oficial. La normativa, según fuentes oficiales consultadas, prorroga por doce meses un régimen que rige desde 2021 y que estaba próximo a vencer.

Comparado con septiembre de 2024, cuando la cantidad de trabajadores bajo estas modalidades oscilaba en magnitudes similares, la prórroga no modifica la cobertura nominal pero asegura la continuidad operativa del esquema en un momento en que la actividad agropecuaria atraviesa el tramo final de la campaña gruesa y se prepara para la vendimia, la cosecha de citrus y las tareas regionales del norte del país. Vamos a los números: la medida alcanza de manera directa a 50.000 personas ocupadas y a 83.000 hijos comprendidos en las asignaciones familiares.

Qué establece el decreto y a quiénes alcanza

La norma se aplica a los trabajadores comprendidos en las modalidades de empleo temporario o permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario, así como a quienes realizan tareas agropecuarias mediante contratos eventuales. También quedan incluidos los trabajadores encuadrados en los Convenios de Corresponsabilidad Gremial, una figura por la cual el sindicato asume el pago de aportes y contribuciones patronales durante los períodos de actividad.

• Asignaciones familiares, con un piso equivalente al 100 por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo.
• Tarjeta Alimentar, que se mantiene con independencia de la duración del contrato.
• Programa Volver al Trabajo, según las condiciones de cada caso.
• Reducción de contribuciones patronales para los empleadores que contraten bajo estas modalidades, como incentivo a la registración.

El decreto incorpora, además, una cláusula de transición: cuando la contratación bajo estas modalidades se extiende de manera continua por más de seis meses, ciertos beneficios monetarios de programas sociales —con excepción de la Tarjeta Alimentar— pasan a computarse como parte del salario. El objetivo declarado es facilitar el pasaje gradual hacia el empleo formal pleno, sin que el trabajador sufra un corte brusco en sus ingresos.

Antes de la renovación, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores había advertido que unos 120.000 puestos de trabajo rural estaban en riesgo en todo el país por la incertidumbre sobre la continuidad del régimen. La entidad gremial sostuvo que la experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo resulta fundamental para sostener la registración en las economías regionales. Con la prórroga firmada esta semana, la discusión queda saldada en el plano normativo, aunque el seguimiento de su implementación quedará bajo observación de las partes involucradas.

La variable clave a mirar durante el mes que viene es la dinámica de registración en las provincias con mayor estacionalidad, particularmente Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy, Río Negro y el sur de Buenos Aires, donde la coexistencia entre planes sociales y empleo temporario define buena parte de la estructura de ingresos rurales. El desempeño de la próxima campaña fina y de las cosechas regionales permitirá evaluar si la prórroga se traduce efectivamente en una mayor formalización del trabajo agrario o si la brecha entre trabajadores alcanzados y puestos potencialmente protegidos se mantiene respecto de los 120.000 que el sector gremial había puesto en juego.