La Justicia procesó al exagente Martins y le trabó un embargo de 300 millones de pesos

La jueza federal María Servini resolvió el procesamiento con prisión preventiva del exagente de la SIDE Raúl Martins, de 77 años, a quien consideró partícipe de lavado de activos en una causa que investiga el patrimonio que habría construido a partir de la explotación sexual de mujeres. Sobre sus bienes se trabó un embargo por 300 millones de pesos.

Martins había sido detenido en México en 2019 y traído al país desde allí. El trámite judicial que desembocó en la imputación formal incluyó su paso por el despacho de Servini, donde se negó a responder preguntas durante la indagatoria, aunque presentó un escrito en el que pidió el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito.

La discusión por las fechas de las maniobras

La defensa había cuestionado las fechas de las operaciones que se le atribuyen, en su mayoría vinculadas a la compra de propiedades y al manejo de sociedades. Según el escrito de Martins, las 26 maniobras registradas en el expediente correspondían a 2009, 2010, 2011 y 2012, y eran anteriores al período que la Justicia tomó como punto de partida para el delito de explotación sexual, fijado entre enero de 2013 y octubre de 2014.

Martins también sostuvo que la condena que pesa en su contra por ese delito se refiere únicamente al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. Respecto de otros nueve locales que se le habían mencionado, afirmó que las acusaciones fueron archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Los argumentos de Servini

La magistrada rechazó los planteos de la defensa y explicó que una sociedad creada antes del delito investigado puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar bienes de origen ilícito. Por esa razón, consideró que la fecha de constitución de las empresas no resultaba suficiente para descartar las maniobras denunciadas.

En la resolución, Servini evaluó en conjunto el funcionamiento de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración otorgados y la intervención de familiares del acusado. Concluyó que Martins habría conservado el control efectivo de esa estructura aun cuando no figurara formalmente como beneficiario final.

• Embargo sobre los bienes del procesado por 300 millones de pesos.
• Imputación por lavado de activos en el marco de la causa por explotación sexual.
• La defensa había reclamado que las operaciones eran de 2009 a 2012, previas al período que la Justicia tomó como referencia para el delito base.
• El expediente se inició el 6 de marzo de 2013, tras una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad.

La causa tiene como punto de partida una comunicación anónima recibida el 6 de marzo de 2013 por el Ministerio de Seguridad, en la que se advertía sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre. A partir de allí se construyó la pesquisa que derivó en el procesamiento ahora dispuesto por Servini.

La magistrada fijó una audiencia de debate oral para el próximo 4 de marzo, en la que se prevé escuchar la ampliación de la declaración indagatoria de Martins, mientras se aguarda el avance de las medidas de prueba pendientes en el expediente.