Mendoza abrió un canal gratuito para que consumidores renegocien deudas ante la Justicia

El dato, según la información oficial difundida por el Gobierno de Mendoza: los consumidores con domicilio real en la provincia pueden solicitar, de manera gratuita, una instancia de conciliación para renegociar deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otras obligaciones financieras tomadas para el consumo familiar. La convocatoria, según la misma fuente, se concreta a través de la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), dependiente del área de Defensa del Consumidor.

Vamos a los números. El procedimiento está pensado para hogares en los que los compromisos financieros mensuales superen el 30% de los ingresos netos del grupo conviviente, y ese umbral desciende al 25% cuando se acreditan situaciones de especial vulnerabilidad, como la presencia de menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, desocupados, beneficiarios de programas sociales y trabajadores informales. En paralelo, la normativa fija un tope: el capital total adeudado no puede exceder el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de pedir la intervención.

Qué se puede negociar y qué queda afuera

El alcance es amplio e incluye préstamos personales, financiamiento de bienes durables, tarjetas de crédito emitidas por bancos y entidades financieras, y créditos otorgados por plataformas digitales autorizadas, mutuales y cooperativas. Quedan excluidas las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas y las sanciones de carácter penal, además de los pasivos empresariales o comerciales que no tengan destino de consumo familiar.

Las alternativas que pueden discutirse en la mesa de conciliación abarcan la extensión de los plazos de pago, la aplicación de períodos de gracia, la eliminación de intereses punitorios y de los gastos por mora, y la readecuación del esquema de cuotas. El procedimiento, sin embargo, no impone condiciones unilaterales: la Provincia carece de facultades para forzar quitas o reducciones de capital, de modo que cualquier modificación requiere el consentimiento expreso de los acreedores citados.

• Compromisos financieros superiores al 30% de los ingresos familiares netos, o al 25% en hogares en situación de vulnerabilidad.
• Tope de capital adeudado equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles al momento de solicitar el trámite.
• Inclusión de tarjetas de crédito, préstamos personales, financiamiento de compras y créditos de plataformas, mutuales y cooperativas.
• Exclusión de deudas con garantía hipotecaria, obligaciones alimentarias, multas, sanciones penales y pasivos comerciales.
• Posibles acuerdos sobre plazos, períodos de gracia, quita de intereses punitorios y readecuación de cuotas, siempre con aceptación del acreedor.

Cómo se inicia y qué papel juega Defensa del Consumidor

El trámite se inicia con la presentación del consumidor ante la OCDC, donde debe detallar la nómina de acreedores, los importes adeudados y un inventario actualizado de activos y pasivos. Defensa del Consumidor, por su parte, queda encargada de citar a las empresas involucradas, que disponen de un plazo acotado, de hasta diez días hábiles, para responder e informar sus condiciones. El procedimiento es gratuito para el solicitante y está pensado como una instancia previa a cualquier litigio judicial, con el objetivo de descomprimir la conflictividad mediante acuerdos supervisados.

En términos comparativos, la novedad se inscribe en una tendencia que se observa en otras jurisdicciones del país, donde las provincias vienen sumando herramientas administrativas para contener el sobreendeudamiento de los hogares, en un contexto en el que la inflación acumulada y la suba de las cuotas en pesos pesan con fuerza sobre el consumo. Según la misma fuente oficial, la iniciativa busca ofrecer un canal formal para que los deudores buena fe puedan reorganizar sus pasivos antes de quedar expuestos a embargos o ejecuciones.

De cara al mes que viene, la variable que habrá que mirar es la cantidad de audiencias efectivamente celebradas por la OCDC y, sobre todo, el porcentaje de acuerdos homologados sobre el total de casos iniciados, un indicador que permitirá dimensionar si la herramienta alcanza para descomprimir la situación de los hogares endeudados o si termina funcionando como un registro formal sin demasiado impacto concreto en la reestructuración de los pasivos.